Los autos "chocolate" y la UCD

A ciencia y paciencia de las autoridades hacendarias, en esta región al igual que en el resto del país, existen grupos que siguen lucrando con los llamados automóviles “chocolates”, es decir aquellos que fueron introducidos al país de forma irregular por lo que no se pagaron los impuestos de importación aplicables y tampoco cubren ningún tipo de derecho vehicular en las Oficinas Fiscales.

Un grupo que se distingue en este aspecto, por el elevado número de automóviles que portan cartelones con la leyenda UCD, es la denominada Unión Campesina Democrática. Esta Unión maneja la versión de que gestiona ante el gobierno federal la nacionalización de los vehículos “chocolate” cuyos propietarios forman parte de sus filas.

La UCD opera desde hace muchos años en el interior del país, y fue desde la desaparición de las garitas interiores cuando extendió su presencia hacia la frontera norte, y es precisamente esta longevidad lo que le permitió a sus dirigentes aceitar bien la maquinaria para vender ilusiones pero sin transgredir la ley.

La UCD mantiene en venta permanente cartones con su logotipo y un número económico, los cuales tienen como destinatarios a los propietarios de carros extranjeros, los cuales deben pagar cerca de tres mil pesos por obtener “la protección” de la UCD.

Con el pago de esa cuota lo único que consigue el ciudadano es la promesa de la UCD de que en caso de que su vehículo extranjero sea decomisado, personal de ese grupo lo defenderán en todas las formas que la ley lo permita (pero ojo, no garantizan resultados).

Lo anterior significa que si al ciudadano le decomisan el auto “chocolate” recibirá ayuda de la UCD, pero en el entendido de que tal apoyo solo estará dirigido a lograr la recuperación del vehículo, algo que la UCD, hasta donde se sabe, no ha logrado ni una sola vez en todo el país, aunque si ha conseguido en base a protestas públicas detener operativos de decomiso en algunas ciudades.

La UCD no aclara a sus clientes o usuarios, como guste llamarlos, que el prometido apoyo que le otorgará a quienes sufran el decomiso del vehículo americano no incluye de asesoría y/o representación legal contra cualquier delito que la autoridad hacendaria le impute, a sabiendas que hacienda puede endosarle al ciudadano el delito de evasión fiscal equiparable a contrabando, el cual implica multa y cárcel.

Medios de comunicación locales y nacionales ya alertaron sobre la UCD y organismos similares, dejando claro que estos no venden más que promesas y que la validez de los cartelones (placas simuladas) que manejan no tienen ningún valor legal.

Incluso algunas instancias del gobierno ya aclararon que los cartelones que vende la UCD y organismos parecidos no constituyen ninguna protección contra posibles decomisos de vehículos, sin embargo la venta de los mismos sigue y sigue.

Conversando con algunos de los conductores cuyo vehículo porta “placas” de la UCD, estos dijeron estar enterados de que tales cartelones realmente no representan una protección legal, pero subrayaron que “algo es mejor que nada” y confiaron en la Unión Campesina Democrática cumpla su palabra y les brinde apoyo en caso de que lo requieran.

La estrategia de estos grupos vende-cartelones funciona simple y llanamente porque hacienda raramente lleva a cabo operativos de decomiso de vehículos extranjeros, contrario a lo que ocurría hace décadas, cuando sobre todo en la franja fronteriza norte eran comunes este tipo de eventos.

Sin embargo, que sucederá cuando la autoridad haga cumplir la ley y lleve a cabo el decomiso de vehículos “chocolate”, pues fuera de protestas callejeras la UCD y similares tienen muy bajas posibilidades de lograr algo positivo para sus clientes.

Sabrán los poseedores e interesados en comprar los cartelones de la UCD, que la supuesta promesa de protección que venden estos organismos (sin garantizar resultados desde luego), es un servicio legal que pueden obtener gratis en el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), ubicado en calle Oriente Dos No. 725 de la colonia Aztlán

Escrito por

Juan Arvizu es Licenciado en Derecho por la Universidad Valle de Bravo (UVB) y diplomado en periodismo por la Universidad Autonoma de Tamaulipas (UAT) .

Desde el año 1985 ha colaborado con diversos medios informativos incluyendo los diarios Prensa de Reynosa, Frontera, Valle del Norte y El Mañana, todos ellos ubicados en reynosa, Tamaulipas.